El trabajo examina la regulación chilena del delito de corrupción entre particulares incorporado por la Ley 21.121, evaluando su adecuación a los estándares de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y al derecho comparado. A partir de un enfoque dogmático y comparativo, identifica elementos típicos, bienes jurídicos protegidos y modelos de tipificación presentes en distintos sistemas jurídicos. El análisis concluye que la normativa chilena se aproxima a ciertos estándares internacionales, pero mantiene límites en la extensión de su protección y en la definición de algunos elementos relevantes. La investigación aporta criterios para valorar su consistencia y eventuales ajustes normativos.